El grifo del derroche

Cuando las cosas van bien, el dinero fluye como un gran manantial y la liquidez de las familias es potente; las arcas de las administraciones públicas se llenan sin ninguna dificultad. El problema surge cuando la economía va mal. Cuando la clase política gasta y gasta, descuadrando las cuentas. Y más, si España está estructurada de mala manera, o mejor dicho, de una forma difícil de soportar.

Sí, estoy hablando de las autonomías. No es de recibo la duplicidad de los numerosos cargos. El número desorbitado de coches oficiales, superando en cifra a Estados Unidos. La cantidad de personas públicas que trabajan cobrando un buen sueldo. Parlamentos, embajadas, tribunales, diputaciones… Y lo peor de todo es cuando las personas que gobiernan atienden a sus fanáticas ideas, dando la espalda a los votantes, para primar sus intereses idealistas o de partido. Un ejemplo lo vemos en Cataluña, donde se ha recortado cuatrocientos millones en educación y otros cuatrocientos millones en sanidad, es decir, ochocientos millones de euros en unos servicios públicos esenciales para la ciudadanía. Sin embargo, no tienen ni un reparo en jugar a ser una nación, manteniendo sus costosas embajadas o derrochando más de tres millones en la realización de unas encuestas sobre la independencia. Que pregunten a cada catalán cuando se levanta que le preocupa más, si el paro o la identidad de Cataluña como país.

Todo esto viene cuando ayer las comunidades autónomas pactaron con el gobierno un techo de déficit del 1,5%. Solo Griñán, el presidente de Andalucía, se negaba a dicho acuerdo. No sabemos si esta respuesta tiene una intención electoralista o es que pretende seguir tirando el dinero de todos los españoles en mantener un sistema corrupto que ha implantado los socialistas en las tierras andaluzas. Los demás presidentes, más o menos, están de acuerdo, aunque no va a ser fácil.

Lo que sí se debe exigir es que las comunidades autónomas escojan el camino difícil, pero el mejor para España. No puede ser que el gobierno central haya reducido en un 20% los empleados y las autonomías hayan aumentado un 40%. Claro que tienen que recortar, pero en duplicidades. Hoy Rajoy lo ha anunciado en un debate en el Congreso gracias a la pregunta de Rosa Díez. No se puede mantener este sistema, y menos con la que está cayendo. Por eso el PP, gobernando en la mayoría de las comunidades, tiene la obligación de eliminar aquellos cargos inútiles, aquellos gastos que sean irrelevantes. Y sobre todo, que cierren el grifo del derroche.